El decreto 1383/2002 desarrolla el Plan Nacional de Vehículos al final de su vida útil e incorpora al derecho español una directiva de la Unión Europea aprobada en el año 2000. Ambos documentos buscan reducir al mínimo las repercusiones sobre el medio ambiente de los vehículos al final de su vida útil para contribuir a la protección y mejora de la calidad ambiental y a la conservación energética.

Con este fin, impone unas normas muy severas en cuanto a las instalaciones que reciben y almacenan los vehículos antes de proceder a su descontaminación.

Deben contar con las siguientes zonas:

• Zonas adecuadas al número de vehículos a descontaminar y con pavimento impermeable.
• Zonas cubiertas y con pavimento impermeable para almacenar los componentes retirados del vehículo que estén contaminados, en especial para aquellos que estén impregnados de aceite o grasa.
• Depósitos adecuados para almacenar separadamente los fluidos de los vehículos al final de su vida útil, es decir: combustible, aceite de motor, aceite de cajas de cambio, aceite de transmisión, aceite hidráulico, líquidos de refrigeración, líquido anticongelante, líquido de frenos, ácido de baterías, fluidos del equipo del aire acondicionado y cualquier otro fluido contenido en el vehículo.
• Equipos de recogida y tratamiento de aguas, incluidas las de lluvia en las zonas no cubiertas, las cuales han de ser tratadas antes de su vertido, de conformidad con la normativa ambiental y sanitaria establecidas por las distintas Administraciones públicas.
• Zonas apropiadas para almacenar neumáticos usados, que incluyan medidas contra incendios y prevención de riesgos derivados de almacenamientos excesivos.

Esta normativa tan estricta ha supuesto un gran esfuerzo de adaptación para los desguaces, ya que - como señala el Plan Nacional de Vehículos al final de su vida útil - hasta no hace mucho los coches dados de baja "eran entregados en instalaciones de desguace, en su mayoría poco controladas y carentes de las oportunas autorizaciones".

El Plan apunta a la existencia de unos 3.500 desguaces, la mayoría ilegales y con escaso control ambiental. Además, prosigue, algunas de las piezas o componentes de los VFU eran reutilizadas "sin mucho control, en vehículos viejos o de segunda calidad, y el resto se vendían como chatarra, sin una previa y adecuada descontaminación

Si lo desea, puede descargar un reportaje de la revista de Tráfico sobre este asunto pinchando aquí.